“Hemos tenido que recurrir a los tribunales para reclamar el cumplimiento de obligaciones que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico”. El Instituto Internacional de Derecho Medioambiental (iIDMA) es la única organización española especializada en velar para que el marco legal en referencia a medio ambiente sea respetado por entidades, administraciones y empresas. Para Alba Iranzo, abogada ambiental de IIDMA, “es difícil entender, con la situación actual, cómo es posible que no haya más fondos en España para sostener este tipo de trabajo de defensa de la legalidad ambiental”.

La entidad sin ánimo de lucro iIDMA actúa como una especie de “abogado del planeta” y  “ponen el derecho al servicio del medio ambiente” reitera Alba Iranzo. Ahora están a cargo del caso de Madrid Central, aunque históricamente fueron los encargados de conseguir que el ‘cierre de las centrales de carbón’ empiece a ser una prioridad en la agenda política de nuestro país.

Alba Iranzo es licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, obtuvo un Máster en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Kingston en Londres. En la actualidad trabaja como Abogada Ambiental en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).

Alba Iranzo

Abogada Ambiental, IIDMA

Las entidades como iIDMA buscan “cambiar el sistema desde el sistema”, es decir, utilitzar el Estado de Derecho y sus herramientas para lograr una mayor ambición en las medidas, la aplicación y el respeto del derecho ambiental como parte del sistema. Aunque, para Iranzo, lo ideal sería que algunas de esas herramientas se usaran lo mínimo posible, como es el caso del litigio ambiental. “Si se respeta el derecho ambiental no es necesario acudir a los tribunales” asegura la abogada.

En la actualidad, ¿España cuenta con un marco legal positivo para la lucha contra el cambio climático o aún hay trabajo por hacer?

España está en el camino y ha mejorado respecto al pasado, aunque debemos acelerar de manera urgente la toma de medidas. Aún debemos conseguir la aprobación de los instrumentos del Marco Estratégico de Energía y Clima con los objetivos más ambiciosos posibles. Estos son, entre otros, establecer 2025 como fecha de fin del carbón en España, y acelerar la transición energética sustituyendo en el mix energético español -los combustibles fósiles (carbón, gas etc)-, por energías renovables de forma ordenada y progresiva.

¿Cuáles deberían ser los primeros pasos?

Actualmente existe un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que debe determinar en gran medida el camino a seguir por nuestro país en los próximos años. La aprobación y entrada en vigor de esta Ley es una de las prioridades normativas en España en este momento ya que establece un marco estatal para la lucha contra el cambio climático. Además, algunas CCAA ya han aprobado o tienen en proceso de aprobación, Leyes de cambio climático regionales (Baleares, Andalucía, Cataluña, País Vasco).

También es urgente la aprobación de la versión final del primer PNIEC español que abarca el período 2021-2030. El Plan Nacional de Energía y Clima definitivo debe ser presentado ante la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2019 (un primer borrador de este plan ya fue enviado a la institución el pasado febrero, y en junio la Comisión dictó sus recomendaciones pidiendo más ambición).

El Marco Estratégico de Energía y Clima está compuesto por la LCCTE, el PNIEC y la Estrategia de Transición Justa

¿Si lo comparamos con el resto de los países firmantes de la Unión Europea, España es un país más avanzado en cuanto a legalidad ambiental? 

El borrador del PNIEC español ha sido valorado como uno de los más adecuados a los objetivos de la UE y es positivo, pero debe contener objetivos de descarbonización mucho más ambiciosos. El texto actual ahora mismo está lejos de cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura por debajo del 1,5ºC.

Además, el plan debe ser más claro en lo relativo al carbón, ya que no se incluye una fecha para el cierre de las centrales térmicas, sino un intervalo de la posible capacidad que permanecerá instalada en 2030. Comprometerse a poner fin al carbón no supone un peligro para la seguridad de suministro en nuestro país. Es perfectamente factible cerrar todas las centrales en el año 2025 a más tardar, y esta fecha debe ser incluida en el PNIEC y/o en la LCCTE.

¿El Ministerio para la Transición ecológica está actuando correctamente?

El enfoque del Miteco, desde que se ha creado como tal con Teresa Ribera al frente, supone una mejora frente a la etapa anterior. Anteriormente hemos tenido Ministerios con competencias en materia de medio ambiente y/o energía, por regla general actuando por separado, pero es la primera vez que hay un Ministerio dedicado a la transición energética y lucha contra el cambio climático como objetivo prioritario.

El logro más significativo de este nuevo ministerio ha sido la voluntad de desbloquear situaciones que se estaban alargando demasiado, como el cierre de minas o centrales de carbón, o tratar de sacar adelante borradores de la Ley de Cambio Climático.

¿Dirías que desde IIDMA actuáis como abogados de la Tierra?

En cierta forma sí. Actuamos como abogados del planeta, ya que una parte importante de nuestro trabajo se centra en la defensa de la legalidad ambiental. Como indica nuestro lema, desde el IIDMA “ponemos el Derecho al servicio del medio ambiente”, por eso, en ocasiones, acudimos a los tribunales alegando incumplimientos de la legalidad medio ambiental. En 1997, la directora y abogada Ana Barreira, fundó el IIDMA en una época en la que en España apenas había conciencia alrededor de la problemática medioambiental, ni se trabajaba apenas en su defensa desde la abogacía.

¿Qué es IIDMA?

Es una organización o centro de derecho ambiental sin ánimo de lucro con el objetivo de contribuir a la protección del medioambiente y la consecución de un desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo, aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar.

Desde 1998, IIDMA es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que nos ha permitido acudir a estas reuniones en Nairobi donde se abordan temas tan actuales como la contaminación por plástico o la geoingeniería marina. Además, en 2001 el IIDMA fue declarada una asociación de utilidad pública.

¿En materia de justicia climática, qué herramientas utilizáis para defender al Planeta?

Desde el punto de vista jurídico, una de las herramientas claves que ofrece nuestro Estado de Derecho es el litigio ambiental, esto es, la posibilidad de acceder a la justicia para luchar ante incumplimientos de la legislación medioambiental y así presionar a empresas y Administración Pública para que con su actuación garanticen la protección del medio ambiente.

Todavía hoy en día tenemos que acudir a los Tribunales reclamando que se garanticen derechos y se cumplan obligaciones que ya están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental. Además, nos dedicamos a investigar, realizar análisis e informes sobre diversos temas ambientales de interés, y tomamos parte en negociaciones y reuniones internacionales de Naciones Unidas, como es el caso del Pacto Mundial para el Medio Ambiente al que ha asistido la Directora del IIDMA Ana Barreira.

Hace años que la comunidad científica alerta de la necesidad de cambios inmediatos para combatir el cambio climático ¿Porque el poder legislativo aún no ha conseguido por ejemplo, la eliminación del carbón? 

Este es un tema en el que hemos estado trabajando a fondo desde el IIDMA durante los últimos años. Para que las centrales de carbón cierren antes de 2025, el Gobierno debe buscar la fórmula para sacar el carbón del mix energético y cerrar de forma ordenada y progresiva las centrales térmicas de carbón, pues estas tienen unos impactos muy significativos no solo en el medio ambiente sino también en la salud de las personas. Esto es esencial para no ir en sentido contrario a las políticas de países de nuestro entorno como Austria, Irlanda, Italia y Reino Unido que ya han anunciado el abandono del carbón para esa fecha, entre otros. Igual de importante es asegurarse de que el carbón no es sustituido por otros combustibles fósiles, sino por una mayor integración de las energías renovables en el sistema eléctrico español.

¿Cómo se ha conseguido que ahora este tema sea prioritario para el Gobierno español?

Es sorprendente cómo en 2015 nadie hablaba de la necesidad de cerrar las centrales de carbón en nuestro país. Sin embargo, gracias a nuestro trabajo hablando con algunas de las principales compañías energéticas y con administraciones públicas, realizando informes sobre los impactos ambientales y en la salud derivados de las emisiones de dichas centrales y litigando en los tribunales, hemos conseguido que esto se convierta en una prioridad en nuestro país. También debemos reconocer que ha habido sensibilidad por parte de algunas empresas energéticas acometiendo nuestras recomendaciones.

“Gracias a nuestro trabajo elaborando informes, hablando con compañías energéticas y litigando en los tribunales, el cierre de las centrales de carbón es una prioridad en la agenda política de nuestro país”

Alba Iranzo

Abogada Ambiental, IIDMA

De hecho, el próximo año 2020 se cerrará la mitad de la potencia instalada de carbón en España. Esto es porque muchas de las centrales de carbón operando a día de hoy, no han acometido las inversiones necesarias para que sus centrales puedan cumplir con los límites de emisión de contaminantes que marca la normativa europea.

¿Qué es lo que hace que deban existir entidades como la vuestra presionando para conseguir cambios significativos a nivel legal?

Es un problema multifactorial, pero lo más importante es la falta de voluntad política y disposición para tratar el reto medioambiental y abordar el cambio climático como una prioridad de primer orden. Hemos mejorado respecto a años anteriores. La cuestión medioambiental va poco a poco encontrando su lugar en la agenda política nacional, pero todavía falta mucho por hacer y más ambición en la toma de decisiones.

¿Existen instituciones similares a la vuestra en otros países? 

Sí, la más similar y cercana a nosotros sería ClientEarth, una organización de Derecho ambiental europea con sede en diferentes países como Reino Unido, Polonia o Bélgica.

¿Y en España?

En este momento somos la única organización española que aborda, desde la perspectiva jurídica, la problemática medioambiental de forma especializada. Nuestro objetivo a corto y medio plazo es crecer en número de proyectos y ampliar las áreas en las que trabajamos. No obstante, siempre es difícil encontrar financiación para proyectos en el área medioambiental, aunque en los últimos años ha crecido la preocupación e interés debido a los retos tan evidentes a los que nos enfrentamos.

¿Qué hace IIDMA?

IIDMA se dedica a investigar, realizar análisis e informes sobre diferentes aspectos medioambientales (recursos hídricos, biodiversidad, transición energética o cambio climático). Además, participa en reuniones y cumbres de organismos internacionales en calidad de ONG.

Ha tomado parte en diversas negociaciones y reuniones de las Naciones Unidas, la última en el grupo de expertos para un Pacto Mundial para el Medio Ambiente este mismo año, al que ha asistido la directora del IIDMA Ana Barreira. También ha publicado libros, como la guía “Medio Ambiente y Derecho Internacional: Una Guía Práctica”.

 

Además, trata de mejorar el campo del derecho ambiental y lograr la efectividad en la aplicación y cumplimiento de la ley (a nivel nacional, europeo e internacional) a través del trabajo de litigio ante administraciones públicas y tribunales.

Muchos  de estos organismos e instituciones similares al vuestro hablan de cambiar el sistema desde el sistema ¿A qué se refieren?

Se refieren a la importancia del Estado de Derecho y del uso de sus herramientas para lograr una mayor ambición en las medidas, la aplicación y el respeto del derecho ambiental como parte del sistema. Y lo ideal sería que algunas de esas herramientas se usen lo mínimo posible, como es el caso del litigio ambiental. Lo ideal a largo plazo, es que no haga falta usar esta herramienta porque eso significa que la normativa se está aplicando y cumpliendo de manera efectiva. Si se respetase el Derecho ambiental entonces no sería necesario acudir a los Tribunales.

¿Qué batallas habéis conseguido ganar aquí en España?

Hemos tenido importantes victorias en los Tribunales. Una de ellas es el caso de Oceana, cuando el Instituto Español de Oceanografía no facilitó a la entidad el informe sobre el contenido de metales pesados en el pescado.

Como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional, la Agencia de Seguridad Alimentaria modificó las recomendaciones de ingesta semanal de atún, pez espada y marrajo en mujeres embarazadas y menores de tres años.

 

Ahora estáis trabajando en un procedimiento judicial relativo al proyecto de Madrid Central…

Sí. El pasado 24 de julio (justo antes de que la Comisión Europea demandara a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir con la Directiva de Calidad del Aire), un Juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid admitió a trámite un recurso que hemos interpuesto desde el IIDMA junto con otros vecinos de Madrid Central contra el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid de 27 de junio de 2019.

El Ayuntamiento ha vulnerado, entre otros, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución como es el derecho a la integridad física vinculado al derecho a la salud, y el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de domicilio de vecinos de Madrid Central, pues la mala calidad del aire afecta a dichos derechos. Además, no debemos olvidar que nuestra Constitución reconoce el derecho de todos a un medio ambiente sano.

“El Ayuntamiento ha vulnerado,derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución como es el derecho a la integridad física vinculado al derecho a la salud de los vecinos de Madrid Central”

Alba Iranzo

Abogada ambiental, IIDMA

¿Qué mecanismo utilizarán para ganar este caso?

Seguimos un procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que es más rápido que un procedimiento ordinario contencioso-administrativo, y por tanto debe tramitarse de forma urgente. Esperamos una resolución definitiva en los próximos meses. La suspensión cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid, que ya han adoptado otros jueces, es muy positiva. Aún así consideramos que debemos ir más allá, logrado que el acuerdo sea declarado nulo de pleno derecho por vulnerar derechos fundamentales.

En uno de vuestros últimos comunicados informabais de una victoria en cuanto al acceso a la justicia ambiental ¿De qué se trata?

Las entidades sin ánimo de lucro y ONGs de defensa ambiental tienen derecho a la justicia gratuita, siempre que acrediten que cumplen con una serie de requisitos que establece la ley. Este derecho implica el no tener que pagar la representación de abogado, procurador, así como ciertas tasas judiciales. No obstante, hasta ahora si una ONG con justicia gratuita reconocida pedía un caso ante los tribunales, en principio, no quedada exenta del pago de las costas del procedimiento, que en muchos casos, eran altamente disuasorias.

Uno de nuestros últimas casos ante los Tribunales ha cambiado de manera significativa las condiciones de acceso a la justicia medioambiental en nuestro país. A raíz de un procedimiento judicial que iniciamos contra el Plan Nacional Transitorio de Grandes Instalaciones de Combustión – en el que se nos había condenado en costas tras desestimarse nuestra demanda-, el Tribunal Supremo reconoció, sin precedentes, que las ONGs de defensa ambiental con justicia gratuita reconocida por Ley, no tienen que pagar las costas del procedimiento judicial cuando pierden un caso. En ese caso en particular el IIDMA quedó exento de pagar los 11.260€ de las costas a las que previamente había sido condenado.

Esta decisión sitúa a España entre uno de los países más avanzados en materia de acceso a la justicia ambiental, comparado con las barreras económicas a las que todavía tienen que hacer frente otras organizaciones ambientales para acudir a los tribunales en otros Estados miembro. 

¿Contáis con ayuda estatal para la financiación de esta entidad?

Ahora mismo no contamos con ayudas estatales, aunque siempre buscamos financiación para nuevos proyectos. Es difícil entender, con la situación actual, cómo es posible que esto siga sucediendo y no haya más fondos en España para sostener este tipo de trabajo de defensa de la legalidad ambiental.

Entonces, ¿Cómo os financiáis?

En nuestros inicios se hizo mucho fundraising fuera de España. Hoy en día un gran porcentaje de nuestra financiación continúa viniendo de fuera de España. La gran mayoría de nuestras fuentes de financiación son organizaciones y grandes fundaciones a nivel europeo. Hay otros proyectos, como el Proyecto A2J sobre Acceso a la justicia ambiental o el Proyecto EUKI en materia de agricultura que recibe financiación de la Comisión Europea a través del programa LIFE+. Es difícil entender, con la situación actual, cómo es posible que no haya más fondos en España para sostener este tipo de trabajo de defensa de la legalidad ambiental.

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