La semana pasada estallaba la noticia: «El Gobierno español se enfrenta a la industria eléctrica por el cierre de las plantas de carbón». Así titulaba La Vanguardia su noticia sobre eficiencia energética el pasado 20 de noviembre. Todo se ha desencadenado porque Iberdrola quiere cerrar las plantas de carbón que todavía mantiene en algunas poblaciones españolas, Lada en Asturias y Velilla en Palencia.

Aunque el Gobierno no lo tiene demasiado claro, el Ejecutivo español ya ha dicho que no alegando que el precio final de la luz de los consumidores subiría de manera estratosférica.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; explicó al encuentro informativo «El Ágora» del diario El Economista que el cierre de las centrales nucleares supondría una subida del 25% en el precio mayorista de la electricidad. Además, si le añadimos la retirada de las centrales de carbón sería otro 15% más.

A raíz de esta problemática, Álvaro Nadal ya ha redactado un Real Decreto donde se amplían los criterios para autorizar, o denegar, el cierre de centrales. Éste se envía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se podrá aplicar a las centrales con una potencia superior a los 50 megavatios, ya que las de menor potencia están dirigidas por las comunidades autónomas.

Greenpeace pide que el Gobierno no dé un paso atrás, solicita que no se bloqueen estas medidas y que se respete el Acuerdo de París

Tal y como afirma la organización ecologista Greenpeace, el carbón es una de las mayores amenazas para el planeta. En 2016, las compañías de carbón emitieron 36.000.000 de toneladas de CO2, además, fruto de este ambiente contaminante hay 550.000 casos nuevos de asma cada año. Como último punto, debemos mencionar que muchos gobiernos de todo el mundo ya han puesto fecha para acabar con el carbón como fuente productiva de electricidad. Citemos algunos países:

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Ontario, Califòrnia en el año 2014

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Escòcia en el año 2016

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Massachusetts i Pekín en el año 2017

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Delhi en el año 2018

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Nova York i Oregon l’any 2020

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Connecticut en el año 2021

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Hawaii i Nova Zelanda en el año 2022

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França en el año 2023

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Àustria, Gran Bretanya, Washington i Itàlia en el año 2025

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Canadà, Finlàndia, Nou Mèxic, Holanda, Portugal i Suècia en el año 2030

España es el único país de Europa Occidental que ni siquiera considera este tema.

Muchas voces se alegran de la decisión de la compañía Iberdrola, sobre todo el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). El IIDMA también pide al Gobierno que se mantenga firme en este aspecto y ayude al planeta que, poco a poco, se ve deteriorado, sobre todo, por emisiones contaminantes provenientes de centrales térmicas que utilizan carbón. 

Tal y como afirma la directora de IIDMA, Ana Barreira, en España, se han disparado los niveles de emisión de CO2 desde el año 2011. Esto se lleva a cabo, en gran parte, debido a la protección de centrales térmicas de carbón. Estas ayudas han hecho que un 51% del total de emisiones de CO2 provengan de estas centrales y, como sabemos, son una de las principales causas del cambio climático. Afirma la directora de IIDMA, Ana Barreira.

Aunque el Gobierno español sabe todas estas consecuencias negativas, crea el Real Decreto y mantiene el Plan Nacional Transitorio que permite a este tipo de centrales continuar emitiendo contaminantes perjudiciales muy por encima de los límites establecidos por la Unión Europea.

Voces en contra de Iberdrola:

No solamente el Gobierno está intentando tumbar las expectativas de Iberdrola. Por un lado, los trabajadores de las centrales de Lada y Velilla afirman que muchas familias se verán en la calle si se cierran, ya que la mayoría de ambos pueblos trabajan en ellas. Por otra parte, sindicatos como UGT también protestan por el cierre de las centrales térmicas. Incluso, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, pide al Gobierno que aplique «instrumentos jurídicos» contra la compañía energética.

Es cierto que comarcas enteras dependen de las centrales térmicas de carbón, por eso algunos partidos políticos como Podemos, PSOE o la Chunta Aragonesista, piden al Gobierno de Rajoy que dé alternativas.

Y nuestra conclusión es ¿no sería más positivo incentivar energías sostenibles de las que pudieran trabajar todas estas personas que se verán en el paro, si las centrales térmicas de carbón cierran?

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