El Tribunal Europeo estudia condenar a los Gobiernos por su inacción climática

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se está preparando para decidir si emitirá una denuncia a los Gobiernos por su pasividad contra el cambio climático. El organismo decidió emprender este trámite después de recibir una demanda impulsada por media docena de jóvenes de la región de Leiria, en Portugal.

Durante el verano de 2020 estos jóvenes, integrantes de la misma familia, decidieron actuar y llevar a cabo una denuncia colectiva para que se condenase a los gobiernos por su pasividad frente al cambio climático y las promesas de acción climática incumplidas.

Lo que llevó a estos jóvenes, cuyos rangos de edad están entre los 14 y 23 años, a llevar a cabo esta acción, fueron los incendios sucedidos en 2017 en la región portuguesa de Leiria. A lo largo del verano de ese mismo año, tuvieron lugar múltiples incendios en Portugal y en la zona noroeste de España.

Los incendios del 2017 en Portugal acabaron con la vida de un centenar de personas

Estos fenómenos climáticos extremos, que la comunidad científica asegura que son consecuencia del cambio climático, acabaron con la vida de un centenar de personas y dejaron calcinadas alrededor de medio millón de hectáreas de vegetación.

Y es que, según el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), a lo largo de ese mismo verano se registraron en el país 17.698 fuegos. Por este motivo, estos jóvenes decidieron tomar medidas y empezaron a recoger firmas para poder llevar al Tribunal Europeo esta demanda, que presentaron a este organismo en el año 2020.

Finalmente, la Gran Sala del Tribunal, compuesta por 17 jueces, será la encargada de llevar a cabo este trámite, aprobar su solicitud, y con ello, emitir la denuncia. El colectivo Global Legal Action Network (GLAM), entidad legal que respalda esta denuncia, explicó a The Guardian que se trata de “un acontecimiento extremadamente significativo que demuestra cuán importante es la cuestión del cambio climático para los derechos humanos”.

Ahora Estrasburgo tiene sobre la mesa la potestad para emitir una denuncia contra 33 estados. En el listado aparecen todos los países de la Unión Europea y algunos externos como Suiza, Reino Unido, Noruega, Rusia, Turquía y Ucrania. Entre todos ellos, acumulan una parte importante de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que provocan el cambio climático.

Y es que en el 2020 Rusia emitió el 4,66% de las emisiones GEI globales. Por otra parte, según la Base de datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global, las emisiones de Alemania y de Turquía representaron el 1,77% y el 1,13% a nivel mundial.

¿De qué se acusa a estos 33 países?

Tal y como recoge el borrador de la demanda, estos 33 países podrían estar incumpliendo el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establecer:

“Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos inhumanos degradantes”

En este sentido, el Tribunal apela a que los impactos del calentamiento global son tan severos que violan este derecho de los jóvenes portugueses.

En el caso de que esta denuncia siguiera adelante, los países acusados estarán inmediatamente obligados a establecer objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, y a abordar su contribución a la lucha contra el cambio climático más allá del ámbito nacional. El propósito es que extiendan este compromiso a todas las empresas que operan en el extranjero.

Y es que, según el último informe del proyecto Migraciones Climáticas de ECODES, la falta de regulación en términos climáticos de las empresas de la Unión Europea supone un obstáculo para que las compañías cumplan con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París 2015. De hecho, estas empresas también podrían verse indirectamente involucradas en la demanda interpelada por estos jóvenes portugueses.

La decisión de estudiar la ejecución de esta denuncia ha tenido lugar pocos días antes de que la Unión Europea apruebe la celebración de reuniones para definir nuevo plan de reducción de emisiones para 2030, un tema que se debatirá los próximos días 10 y 11 de diciembre.

Los estados estarán obligados a reducir un 65% las emisiones para el 2030

Desde la Global Legal Action Network (GLAM), aseguran que una reducción del 65% de cara a al 2030 sería suficiente para que los Estados cumpliesen con sus obligaciones con los jóvenes demandantes.

Por su parte, desde el grupo de los jóvenes, André Oliveria, con tan solo 12 años de edad, aclara: “Lo que más me gustaría sería que los gobiernos europeos hicieran lo que los científicos dicen que es necesario para proteger nuestro futuro”. Todos ellos tienen muy claro la necesidad urgente de descarbonizar la sociedad y ser ZEO; porque no hay un Planeta B.

En el documento que enviaron al Tribunal Europeo alegaron que los incendios sucedidos en el país fueron consecuencia del cambio climático, así como los trastornos del sueño, las dificultades respiratorias o las alergias provocadas por el mismo.

Cuando las llamas asolan el país, para ellos es imposible pasar tiempo al aire libre, hacer ejercicio o acudir a la escuela. Además, durante el invierno, también son víctimas de fuertes tormentas que causan estragos en las viviendas y sufren de ansiedad climática.

Debido a la emergencia climática, las olas de calor serán de entre cuatro y cinco veces más recurrentes

Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático), si no actuamos de inmediato, las consecuencias del cambio climático serán desastrosas. En 2021 este organismo alertó de que, debido a la situación de emergencia climática, las olas de calor serán entre cuatro y cinco veces más recurrentes – y entre ocho y trece si ponemos el foco en las más raras-.

Paralelamente, la frecuencia de las sequías se duplicará y las inundaciones tendrán lugar entre 1,5 y 1,7 veces más. Estas son algunas de las alertas que más han preocupado a nuestra sociedad y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además de esta demanda, en los últimos meses ha aceptado dos demandas más centradas en la inacción climática de los gobiernos.

En España, el Tribunal Supremo también debe decidir si condenará al Gobierno después de que varias organizaciones denunciasen que el objetivo de reducción del 23% era insuficiente para luchar contra el cambio climático.

En 2020 Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón presentaron ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno por falta de acción climática. Mientras que la Unión Europea aumentó su objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España solo propuso una reducción de un 23% para el mismo periodo.

A día de hoy, medio centenar de organizaciones y más de 24.000 personas han respaldado este primer proceso judicial por el clima en el país.

Todo apunta a que, de cursarse esta denuncia, los gobiernos deberán trabajar más que nunca para lograr ser ZEO. Porque no es lo mismo realizar promesas al electorado, sin ningún tipo de garantía de que estas se vayan a cumplir, que tener que regirse por un compromiso legal vinculante.