Abogados del planeta, como los del IIDMA, consiguen importantes victorias por el medio ambiente en los Tribunales

¿Cómo puede la Ley ayudar a combatir el cambio climático?

La ley es un instrumento clave en la toma de medidas para la lucha contra el cambio climático, ya que proporciona un marco estable dentro de nuestro Estado de Derecho que obliga a diferentes actores a cumplir con las medidas más efectivas para lograr los objetivos marcados. Para ello, en nuestro ámbito se debe trabajar: 1) para garantizar que la normativa sea lo más ambiciosa posible y tenga en cuenta las mejores prácticas y las opiniones de expertos independientes, 2) y para vigilar que dicha normativa se cumpla de manera efectiva a través de los instrumentos que proporciona la propia ley y el poder judicial.

Para hacer frente al enorme reto que supone el cambio climático, necesitamos una acción colectiva de la sociedad que requiere cambios de conducta, mayor innovación tecnológica y una nueva gobernanza, entre otros. El Acuerdo de París es el inicio de esta nueva gobernanza, pero requiere que sea aplicado en el plano nacional para que sea efectivo. 

La Agenda 2030 de Naciones Unidas también es una iniciativa importante a nivel internacional para lograr sociedades más justas, equitativas y alcanzar ese desarrollo sostenible que necesitamos. Dentro de la Agenda 2030 se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que muchos tienen un marcado carácter ambiental. Una de las líneas de trabajo importantes en esta dirección sería eliminar las barreras/impedimentos que pueden existir en ciertas leyes y normas para lograr dichos objetivos. Por ejemplo, el ODS 3 relativo a la salud contiene una meta que consiste en reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por la contaminación del aire, del agua y del suelo para 2030. Desde el IIDMA hemos trabajado en esta línea, especialmente en temas de calidad del aire como Madrid Central o, especialmente, en la contaminación e impactos en la salud producidos por las emisiones de la quema del carbón para la producción de electricidad. Hemos publicado dos informes relativos a los impactos a la salud derivados de las centrales térmicas de carbón en los años 2014 y 2016 que se pueden consultar en nuestra web.

Ahora mismo, ¿España cuenta con un marco legal positivo para la lucha contra el cambio climático?

España está en el camino y ha mejorado respecto al pasado, aunque debemos acelerar de manera urgente la toma de medidas. Actualmente existe un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCT) que debe determinar en gran medida el camino a seguir por nuestro país en los próximos años. La aprobación y entrada en vigor de esta Ley es una de las prioridades normativas en España en este momento. 

¿Qué nuevas leyes, modificaciones o Reales decretos dirías que representan está “positividad”?

Los instrumentos jurídicos más importantes que están ahora mismo sobre la mesa y que es necesario adoptar cuanto antes son los que integran el Marco Estratégico de Cambio climático y Transición Justa: borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el borrador del PNIEC 2021-2030 y la Estrategia de Transición Justa. Es urgente aprobar la LCCTE cuanto antes, llevamos varios años con diferentes proyectos sobre la mesa y, debido a la inestabilidad política de nuestro país, seguimos sin contar con legislación en esta materia.

¿Cuáles son los aspectos más negativos de la Legislación española en este ámbito? 

 Como comentaba antes, lo más urgente es la aprobación de estas propuestas que ya están sobre la mesa: una versión final del PNIEC, que debe ser presentada ante la Comisión Europea antes del 31 de diciembre de 2019 -un primer borrador de este plan ya fue enviado a la CE el pasado febrero y contestó en junio pidiendo más ambición-, y la LCCTE, que debe ser aprobada cuanto antes para poder tener un marco estatal para la lucha contra el cambio climático. Además, algunas CCAA ya han aprobado o tienen en proceso Leyes de cambio climático regionales (Baleares, Andalucía, Cataluña, País Vasco).

¿Si lo comparamos con el resto de los países firmantes de la Unión Europea, España es un país más avanzado en este sentido? 

El borrador de PNIEC español ha sido valorado como uno de los más adecuados a los objetivos de la UE y es positivo, pero debe contener objetivos de descarbonización mucho más ambiciosos. El texto actual ahora mismo está lejos de cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura por debajo del 1,5ºC. Además, el plan debe ser más claro en lo relativo al carbón, ya que no se incluye una fecha para el cierre de las centrales térmicas, sino un intervalo de la posible capacidad que permanecerá instalada en 2030. 

Comprometerse a poner fin al carbón no supone un peligro para la seguridad de suministro en nuestro país, y es una de las prioridades ahora mismo en la que desde IIDMA venimos haciendo hincapié desde hace años. Es perfectamente factible cerrar todas las centrales en el año 2025 a más tardar, y esta fecha debe ser incluida en el PNIEC y/o la LCCTE.

¿El Ministerio para la Transición ecológica está actuando correctamente?

El enfoque del Miteco desde que se ha creado como tal con Teresa Ribera al frente, supone una mejora frente a la etapa anterior. El Miteco entiende que la lucha contra el cambio climático es una prioridad, y está siguiendo pasos adecuados, pero debe ser todavía más ambicioso y acelerar muchas de las medidas que están sobre la mesa.

 ¿Qué logros significativos ha conseguido este departamento?

 El Miteco como tal fue creado en la última legislatura, anteriormente hemos tenido Ministerios con competencias de medio ambiente y/o energía, muchas veces por separado, pero es la primera vez que hay un Ministerio dedicado a la transición energética y lucha contra el cambio climático como objetivo prioritario. 

El logro más significativo de este nuevo ministerio ha sido la voluntad de desbloquear situaciones que se estaban alargando demasiado, como el cierre de minas o centrales de carbón, o tratar de sacar adelante borradores de la Ley de Cambio Climático, aunque todavía debe haber más ambición y la Ley de Cambio Climático debe aprobarse lo antes posible.

¿Cómo mejoráis el terreno legal para la transición y la descarbonización de la economía, desde el Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente?

 Desde el IIDMA nos dedicamos a investigar y a realizar análisis e informes sobre diferentes aspectos medioambientales (recursos hídricos, biodiversidad, transición energética o cambio climático). Además, participamos en reuniones y cumbres de organismos internacionales en calidad de ONG. Hemos tomado parte en diversas negociaciones y reuniones de las Naciones Unidas, la última en el grupo de expertos para un Pacto Mundial para el Medio Ambiente este mismo año, al que ha asistido la directora del IIDMA Ana Barreira. 

Asimismo, iIDMA ha impartido clases de derecho y política ambiental en diversos másteres universitarios. También hemos publicado libros, como la guía “Medio Ambiente y Derecho Internacional: Una Guía Práctica”. Además, tratamos de mejorar el campo del derecho ambiental y lograr la efectividad en la aplicación y cumplimiento de la ley (a nivel nacional, europeo e internacional), a través de nuestro trabajo de litigio ante administraciones públicas y tribunales.

¿Dirías que sois una especie de abogados del planeta?

 Somos una organización o centro de derecho ambiental sin ánimo de lucro con el objetivo de contribuir a la protección del medioambiente y la consecución de un desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo, aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar.

Desde 1998, IIDMA es una organización acreditada ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo que nos ha permitido acudir a estas reuniones en Nairobi donde se abordan temas tan actuales como la contaminación por plástico o la geoingeniería marina. Además, en 2001 IIDMA fue declarada una asociación de utilidad pública.

La actual directora, Ana Barreira, fundó IIDMA en el año 1996, una época en la que en España apenas había conciencia alrededor de la problemática medioambiental ni se trabajaba apenas en su defensa desde la abogacía.

¿Qué medidas legales son prioritarias para vosotros en la lucha contra el cambio climático?

 Las prioridades en este campo son la aprobación de los instrumentos del Marco Estratégico de Energía y Clima con los objetivos más ambiciosos posibles, establecer 2025 como fecha de fin del carbón en España, y acelerar la transición energética sustituyendo en el mix energético español -los combustibles fósiles (carbón, gas etc)-, por energías renovables de forma ordenada y progresiva. 

También consideramos muy importante que se integre a la sociedad civil en la toma de decisiones de este tipo mediante procesos de participación pública y consulta donde, además, se asegure el cumplimiento efectivo de la normativa y su aplicación. En materia de gobernanza climática, creemos que es muy importante que la LCCTE española prevea la creación de un Comité de Cambio Climático y Transición Energética independiente. 

¿Cuál es vuestra participación en este tema ahora mismo?

Desde IIDMA participamos activamente en los procesos de participación pública que tramita el MITECO enviando nuestras observaciones como especialistas a los diferentes proyectos de textos legales en materia de clima y energía. También elaboramos informes y análisis en profundidad y tratamos de aplicar el máximo rigor en todos los informes que elaboramos, teniendo en cuenta las mejores prácticas disponibles y los textos y medidas más ambiciosos propuestos dentro del derecho internacional y por los expertos en la materia. 

Nuestro objetivo es que la normativa española sea realmente ambiciosa en materia de medio ambiente para poder tener una protección efectiva del mismo. Asimismo, es muy importante que el marco legal prevea herramientas para garantizar un cumplimiento efectivo de las obligaciones que contempla. Pues son muchas las ocasiones en que como organización, hemos tenido que recurrir a los tribunales para reclamar el cumplimiento de obligaciones que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico.

¿Existen instituciones similares a la vuestra en otros países? ¿Y en España?

Sí, la más similar y cercana a nosotros sería ClientEarth, una organización de derecho ambiental europea con sede en diferentes países como Reino Unido, Polonia o Bélgica.

En este momento somos la única organización española que aborda desde la perspectiva jurídica la problemática del medioambiente de forma especializada. Nuestro objetivo a corto y medio plazo es crecer en número de proyectos y ampliar las áreas en las que trabajamos. No obstante, siempre es difícil encontrar financiación para proyectos en el área medioambiental, aunque en los últimos años ha crecido la preocupación e interés debido a los retos a los que nos enfrentamos. Por eso creemos que nuestro trabajo es fundamental, y puede interesar cada vez más por la importancia crucial que tiene el derecho, para la protección ambiental y asegurar el futuro de nuestro planeta.

 ¿Contáis con ayuda estatal para la financiación de esta entidad?

 Ahora mismo no contamos con ayudas estatales, aunque siempre buscamos financiación para nuevos proyectos. En nuestros inicios se hizo mucho fundraising fuera de España. Hoy en día un gran porcentaje de nuestra financiación continúa viniendo de fuera de España. Es difícil entender, con la situación actual, cómo es posible que esto siga sucediendo y no haya más fondos en España para sostener este tipo de trabajo de defensa de la legalidad ambiental.

Al final, el balance de nuestro trabajo es positivo pues a lo largo de estos años hemos abordado muchas temáticas en temas muy diversos, pero siempre relacionados con el medioambiente, como recursos hídricos, biodiversidad y medio marino, cambio climático, transición energética, contaminación y calidad del aire, riesgos climáticos en el sector financiero y bancario, por mencionar algunos.

¿Cuáles son las batallas más importantes que ha ganado iIDMA?

Hemos tenido importantes victorias en los tribunales, como el que llevamos para Oceana cuando no se la facilitó la información del Informe del Instituto Español de Oceanografía sobre el contenido de metales pesados en el pescado. Como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional, la Agencia de Seguridad Alimentaria modificó las recomendaciones de ingesta semanal de atún, pez espada y marrajo en mujeres embarazadas y menores de tres años. 

También hemos tenido una reciente victoria en los tribunales a raíz de un procedimiento que iniciamos contra el Plan Nacional Transitorio de Grandes Instalaciones de Combustión en el que, aunque inicialmente se nos condenó al pago de las costas por haberse desestimado nuestra demanda, el TS reconoció que las ONG ambientales con justicia gratuita reconocida por Ley no tienen que pagar las costas del procedimiento judicial cuando pierden un caso, por lo que quedamos exentos de pagar los 11.260€. 

Esta decisión sitúa a España entre uno de los países más avanzados en materia de acceso a la justicia ambiental, comparado con las barreras económicas a las que tienen que hacer frente otras organizaciones para acudir a los tribunales en otros Estados miembro.

En 2018 elaborasteis un informe en el que se exigía la necesaria participación ciudadana en la elaboración del PNIEC ¿Habéis conseguido algún avance en este sentido?

 Si, desde el IIDMA trabajamos firmemente para que se garantice el cumplimiento del derecho de participación pública en asuntos ambientales que reconoce el 2º pilar del Convenio de Aarhus (Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente), ratificado por España en 2005 y, que por tanto, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y se debe cumplir.

 El informe que mencionas lo elaboramos en diciembre de 2018 con la finalidad de hacer hincapié en la importancia de que el Gobierno español garantizara procesos de participación pública efectivos y transparentes durante el proceso de elaboración del PNIEC 2021-2030. Además de analizar el contenido, el Reglamento de Gobernanza de la UE que regula la adopción de estos PNIECs, y exige que el borrador inicial del plan se someta a participación del público, analizamos la exigencia de someter este plan a un procedimiento de EAE como exige nuestra Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Consideramos que la publicación y difusión de dicho informe ha contribuido a dar visibilidad sobre esta materia y sobre todo abrir un debate, dando a conocer al público y los distintos agentes implicados, el derecho que tienen a participar en el proceso de toma de decisiones entorno a este plan.

 De hecho, el pasado 11 de julio finalizó el plazo de consultas públicas del procedimiento de EAE del PNIEC, en las que IIDMA ha participado aportando sus observaciones. Se trataba de una fase inicial de consultas a personas interesadas, y más adelante se deberá llevar a cabo otra fase de consultas y de información al público general en la que cualquier ciudadano puede participar.

 Para nosotros, es determinante que el Gobierno involucre a los distintos actores involucrados en la elaboración de un plan que va a marcar la política energética y política de nuestro país de cara a los próximos años. Pero no basta con abrir estos procedimientos de consulta, sino que además se tiene que garantizar que las observaciones y aportaciones dadas por el público, han sido tenidas debidamente en cuenta a la hora de aprobarse la versión final del PNIEC, que como sabemos, España debe enviar a la CE antes del 1 de enero de 2020.

¿De qué forma participa el Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente en temas nacionales de carácter ambiental como Madrid Central?

Nos encantaría poder trabajar en muchísimos más temas medioambientales desde el punto de vista jurídico, ya que en España hay mucho trabajo por hacer, y tenemos potencial y expertise para abarcar muchos temas diferentes. Por desgracia, nuestros recursos son muy limitados, somos una organización pequeña que trabaja con mucha rigurosidad en cada proyecto y siempre buscamos más fondos para poder hacer todavía más actividades. 

Nosotros estamos trabajando directamente en el tema de Madrid Central. De hecho, el pasado 24 de julio -justo antes de que la Comisión Europea demandara a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir con la Directiva de Calidad del Aire- un Juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha admitido a trámite un recurso que hemos interpuesto desde el IIDMA contra el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid por vulnerar derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. 

Son vulnerados el derecho a la integridad física vinculado a la salud y el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de domicilio, ya que la mala calidad del aire afecta a dichos derechos. Se trata de un procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que es más rápido que un procedimiento ordinario contencioso-administrativo. Ahora estamos en fase de preparación de la demanda, y esperamos una resolución definitiva en los próximos meses. La suspensión cautelar del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid que ya han adoptado otros jueces es muy positiva, pero consideramos que debemos ir más allá y que el acuerdo sea declarado nulo de pleno derecho por vulnerar DDFF.

En el ámbito legal del medio ambiente, muchos organismos similares al vuestro hablan de que lo más importante es cambiar el sistema desde el sistema. ¿A qué se refieren?

 Se refieren a la importancia del Estado de Derecho y del uso de sus herramientas para lograr una mayor ambición en las medidas, la aplicación y el respeto del derecho ambiental como parte del sistema. Y lo ideal sería que algunas de esas herramientas se usaran lo mínimo posible, como es el caso del litigio ambiental. 

Si se respeta el derecho ambiental no es necesario acudir a los tribunales. Esto sería una muy buena señal y una evidencia de que estamos logrando los objetivos que marca la legislación ambiental y, por tanto, del estado de nuestro planeta. También que nuestro trabajo habría repercutido positivamente para las generaciones no solo actuales sino también las futuras.

 ¿Qué entendemos por justicia climática? ¿Porque es tan difícil llevarla a cabo en una era donde el 95% de la comunidad científica asegura que lo que ha provocado esta crisis es la actividad humana?

Justicia climática, en sí es un concepto más social y político que jurídico. En lo que a nuestro trabajo se refiere, todas las actividades de lucha contra el cambio climático que llevamos a cabo como organización tienen incidencia, pero es un concepto más general y no legal. La evidencia científica entorno al cambio climático es muy sólida, en efecto, y el informe del IPCC publicado en octubre de 2018 es prueba de ello: según este informe tenemos muy pocos años para contener el calentamiento global. La sociedad está percibiendo, cada vez más, que la lucha es urgente.

 Desde un punto de vista jurídico, una de las herramientas que ofrece el estado de derecho para presionar a empresas y autoridades es el litigio climático.  Sirve principalmente para tratar de presionar a que estos actores adopten las medidas que han ido posponiendo hasta ahora. Este tipo de litigios pueden versar sobre diferentes derechos, desde protección de derechos fundamentales como el derecho a la vida o la salud, hasta reclamaciones por daños y perjuicios a empresas. Aunque lo ideal a largo plazo es que no haga falta usar esta herramienta porque eso significaría que la normativa se está aplicando y cumpliendo.

 Desde el IIDMA trabajamos de forma muy cercana en el ámbito de acceso a la justicia medioambiental, y de hecho contamos con un proyecto a nivel europeo, financiado por el programa LIFE de la CE, que se lleva a cabo en varios países de la UE (Alemania, Austria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría y Polonia). El objetivo principal es promover la correcta aplicación y ejecución del derecho ambiental de la Unión Europea a través del acceso efectivo a la justicia como exige el Convenio de Aarhus. IIDMA es el coordinador del proyecto en España, llevamos trabajando en él desde hace más de un año y en este período hemos organizado diversas jornadas de formación para juristas y creados recursos para facilitar el conocimiento sobre el derecho para acceder a la justicia ambiental y los obstáculos que superar.

Hace años que la comunidad científica alerta de la necesidad de cambios inmediatos para combatir el cambio climático ¿Porque el poder legislativo aún no ha conseguido, por ejemplo, acabar con el carbón?

 Como señalábamos antes, el abandono de los combustibles fósiles y en especial del carbón es uno de los caballos de batalla del IIDMA en los últimos años. Es necesario planificar un cierre ordenado para que las térmicas de carbón que hay en España cierren antes del año 2025, ya que el uso de carbón es contrario a los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático, y además sus impactos afectan gravemente a la salud de las personas. 

Un estudio presentado a principios de 2019 por IIDMA mostró que las emisiones del carbón en toda España en 2016 se pueden relacionar, entre otros impactos, con 560 muertes prematuras y 340 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Además, el estudio señala la estrecha relación entre las emisiones de carbón y sus impactos mediante el análisis comparativo. 

Entre 2015 y 2016 se redujo en un 30% la producción de energía del carbón que se asoció con una disminución del 40,5% en los impactos sobre la salud asociados.  Por tanto, el Gobierno debe buscar la fórmula para sacar el carbón del mix energético y cerrar de forma ordenada y progresiva las centrales térmicas de carbón, para no ir en sentido contrario a las políticas de los países de nuestro entorno. Igual de importante es asegurarse de que el carbón no es sustituido por otros combustibles fósiles, sino por energías renovables.

 En la actualidad estamos trabajando en varios proyectos focalizados en cambio climático y transición energética. Comenzamos a trabajar en esta materia en 2013. Nuestro objetivo a medio plazo es que se lleve a cabo una transición energética en España cumpliendo con la normativa vigente, y que esta normativa sea lo más ambiciosa posible. Nuestra prioridad es conseguir el abandono definitivo del carbón y resto de energías fósiles como fuentes de energía hasta llegar a un escenario de emisiones cero.

Es sorprendente cómo en 2015 nadie hablaba de la necesidad de cerrar las centrales de carbón en nuestro país. Sin embargo, gracias a nuestro trabajo hablando con algunas de las principales compañías energéticas y  con administraciones, realizando informes sobre los impactos de las emisiones de dichas centrales y litigando en los tribunales, hemos conseguido que esto se convierta en una prioridad en nuestro país. Y debemos reconocer que ha habido sensibilidad de parte de algunas empresas energéticas acometiendo nuestras recomendaciones. 

De hecho, el próximo año 2020 se cerrará la mitad de la potencia instalada de carbón en España, dado que muchas de las centrales de carbón operando a día de hoy no han acometido las inversiones necesarias para que sus centrales puedan cumplir con los límites de emisión de contaminantes que marca la normativa europea.

¿Qué es lo que tanto frena a los gobiernos a que realicen los cambios por cuenta propia y deba haber entidades como la vuestra presionando para conseguir cambios significativos a nivel legal?

 Es un problema multifactorial, pero lo más importante es que haya voluntad política y disposición para tratar el reto medioambiental y el problema del cambio climático como una prioridad. Hemos mejorado respecto a años anteriores. La cuestión medioambiental va poco a poco encontrando su lugar en la agenda política nacional, pero todavía falta mucho por hacer y más ambición. 

 ¿Dirías que el número de organizaciones y entidades de derecho ambiental como la vuestra se van a disparar en los últimos años?

 Es difícil de decir. Sí esperamos que se enfatice la importancia del derecho ambiental para la protección del medio ambiente y como herramienta clave en el gran desafío climático de los próximos años, por lo que la tendencia que esperemos que se cumpla es que se garantice un mayor cumplimiento de la legislación ambiental, lo que haría innecesario que se dispare el número de organizaciones de defensa ambiental.

¿Crees que liderarán las batallas legales por el clima?

 Nuestra visión consiste en crear las condiciones legales y jurídicas para que se proteja de forma efectiva y se restauren, en la medida de lo posible, tanto el medioambiente como los recursos naturales, y esto implica hacer frente a una serie de desafíos. Para lograr esa visión, el principal reto se encuentra en que tanto las instituciones internacionales como nacionales, así como la ciudadanía, sean conscientes de que las leyes y otros instrumentos normativos son unas de las herramientas más efectivas para responder a esos desafíos y transformar las políticas ambientales y de desarrollo en acciones prácticas. Sin embargo, esto sólo es posible cuando las leyes e instrumentos normativos se aplican de forma correcta.

De hecho, existen numerosas normas internacionales y nacionales para la protección del medioambiente, pero debido a su escasa y a veces nula aplicación hemos llegado actualmente a una situación de crisis ecológica y planetaria. Por ello, nuestra misión se basa en contribuir a la protección del medioambiente y promover el desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo y aplicación efectiva del Derecho, haciendo hincapié en su Aplicación, Cumplimiento y Ejecución.

Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho que nos ofrece potentes herramientas para contribuir a lograr los objetivos de protección de nuestro entorno y planeta. Por ello, en IIDMA, como dice nuestro lema “ponemos el derecho al servicio del medioambiente”, trabajamos para hacer frente a esos desafíos que requieren la colaboración de la sociedad civil, las empresas, las autoridades y todo tipo de actores, ya que son problemas que nos afectan a todos sin excepción. Promovemos que esta legislación sea lo más ambiciosa posible y se aplique, cumpla y ejecute de forma efectiva y duradera.