En el último año, se han logrado grandes avances en materia de acción climática. España aprobó uno de los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), más ambiciosos de toda Europa, China se comprometió a ser ZEO para el 2060 y la Unión Europea presentó en Next Generation EU, con la promesa de reducir un 55% las emisiones GEI para 2030.

Aunque lo cierto es que, para los auténticos defensores de la justicia climática, estos compromisos son insuficientes. Y es que, que los gobiernos hayan pactado estas reformas y nuevos objetivos climáticos, no significa que los vayan a cumplir.

Actualmente la gran mayoría de países no son penalizados por el incumplimiento de sus compromisos climáticos

O bien, dicho de otra forma, hoy en día, los países no reciben ningún tipo de penalización por no cumplir los objetivos de reducción de emisiones o las políticas sostenibles impulsadas desde la UE. El problema de todo esto es que, como ocurre siempre en política y bien dice el refranero popular español: “Del dicho al hecho, hay un trecho”.

A lo largo de la última década, se ha observado como el discurso político migraba hacia una mayor preocupación por la cuestión climática. Muchos gobiernos prometieron medidas y leyes más verdes para sus votantes, se comprometieron a reducir las emisiones de CO2 e invertir en la transición ecológica, pero finalmente no lo han llevado a término.

Se trata de una tendencia que ya se observó en 2019, cuándo decenas de países y administraciones como Reino Unido, Irlanda o Cataluña, declararon el “Estado de Emergencia Climática” sin medidas o acciones concretas para abordarla. En este sentido, es fácil volver a recurrir al refranero popular español y decir: “Las palabras se las lleva el viento”.

 

En la mayoría de ocasiones, estos compromisos funcionan como una “etiqueta verde” para los partidos o formaciones políticas, que quieren ganar puntos de cara a la galería, pero en la realidad, no están llevando a cabo ningún tipo de esfuerzo para cumplir este cometido.

El caso francés – L’Affaire du Siècle

En este sentido, parece ser que se ha logrado un gran avance en materia de justicia climática: estamos un paso más cerca de penar a los gobiernos que no cumplen sus compromisos climáticos y castigarles por su inacción

Y es que el 3 de febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de París declaró al Estado francés culpable de no haber cumplido sus compromisos climáticos. El sector legal ya ha bautizado esta sentencia como el “caso del siglo” y un auténtico avance en materia de justicia climática. Por primera vez, un país ha sido llevado a la justicia por haber incumplido su compromiso de reducción de gases GEI y ha sido acusado por “daños ecológicos” al planeta.

Cuatro entidades ecologistas llevaron a la justicia al Estado francés

 

Este caso fue llevado a la justicia de la mano de cuatro organizaciones: Notre Affaire à Tous, Fundación Nicolas Hulot para la Naturaleza y la Humanidad (FNH), Greenpeace Francia y Oxfam Francia, bautizadas como “L’Affaire du Siècle” o “El caso del Siglo”.

Tras emprender la demanda y después de sufrir un fuerte silencio administrativo por parte del Gobierno francés, el Consejo de Estado dio un plazo de tres meses al ejecutivo francés para presentar cualquier tipo de documento capaz de demostrar que estaban llevando a cabo acciones ZEO -cero emisiones- y que la trayectoria de reducción de la huella de carbono de Francia, era alcanzable.

Al no poderse demostrar este avance en materia de acción climática, Francia fue declarada culpable.

¿Sabías que…?

El Estado francés se ha comprometido a reducir sus emisiones GEI un 30% para 2030.

Durante el periodo de 2015 a 2018 Francia no logró cumplir su compromiso de reducir sus emisiones un 1,9% anual

En 2016 Francia incumplió su límite de emisiones de GEI

Este litigio contra el Ejecutivo de Emmanuel Macron ha contado con un amplio apoyo desde el principio, convirtiéndose en la mayor petición francesa de la historia con 2,3 millones de firmas.

Y aunque de momento, esta condena es simbólica, puesto que el Estado francés únicamente debe pagar un euro a las organizaciones demandantes por “daño moral”, se trata de una resolución histórica que sienta un precedente y puede convertirse en un ejemplo a seguir para los ciudadanos de otros países.

Ahora, las entidades demandantes esperan la sentencia final. O el Estado francés paga una multa a modo de compensación o es obligada a tomar acciones concretas para aumentar su compromiso climático.

Francia no ha sido el único país “demandado”

Pese a que este ha sido el caso más conocido, Francia no es el único país demandado por su ciudadanía por su poca acción climática. Según la ONU Medio ambiente y el Sabin Center for Climate Change Law, desde 2017 los casos de litigios climáticos contra Estados se han duplicado. La justicia climática es el primer paso para obligar a los gobiernos y a las empresas a abordar la emergencia climática de forma rápida.

En España, por ejemplo, Greenpeace, Óxfam y Ecologistas en Acción demandaron al Gobierno español ante el Tribunal Supremo por inacción climática en diciembre de 2020. Ahora, tras esta victoria verde en el caso de Francia, es más fácil para los jueces, “adoptar una decisión valiente” en la resolución, explicó Lorena Ruiz-Huertas, la abogada que lidera la demanda en España.

Muchos años antes de estos dos litigios, un grupo de 21 jóvenes demandaron al Gobierno federal de Oregón por “no hacer nada para impedir los efectos del cambio climático y violar los derechos constitucionales a la vida, la libertad y el medio ambiente”.

Diversas organizaciones noruegas y entidades ecologistas, como Greenpeace, también utilizaron esta vía judicial para tratar de poner en evidencia el “abismo” entre las recomendaciones de reducción de emisiones y las decisiones políticas que van en sentido contrario.

 

Aunque los litigios judiciales no sean quizá, la opción más efectiva para lograr que los países cumplan estos compromisos y actúen para frenar el cambio climático, al menos ponen de manifiesto el problema y abren el debate sobre cómo deberíamos abordar esta tarea.

Los expertos en derecho ambiental sostienen que, para conseguir que los países activen sus políticas ambientales, el primer paso es cambiar la ley, modificando la constitución y elevando las leyes para tratar de priorizar la cuestión climática en todas las decisiones.

Únicamente el 20% de los países están preparados para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París 2015

Lo que está claro es que, tal y como recoge el último informe del IPCC, únicamente el 20% de los países están preparados para cumplir con los objetivos marcados en el Acuerdo de París. Sus planes de recorte son insuficientes para frenar el cambio climático y sus objetivos de reducción de emisiones, no están a la altura.

Aun así, la sociedad cada vez está más concienciada del cambio climático y actúa para hacerle frente. Por su parte, las empresas están más dispuestas a dar el cambio y las entidades y organizaciones ecologistas, más activas en la lucha para que el cambio climático se convierta en una prioridad.

 

Es fundamental recordar que ahora, la batalla contra el cambio climático también se libra en los tribunales.

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