En los últimos años, se ha activado un interesante debate sobre el coste que supone descarbonizar nuestra sociedad. Muchos países y empresas han alegado que esta transformación sería contraproducente para la viabilidad de sus negocios.
Y es que cambiar los modelos de producción, cadenas de suministro y el origen de las materias primas supone una auténtica inversión. Bajo este contexto, los intereses en juego y la presión ejercida por los principales lobbys económicos, uno de ellos, el de los combustibles fósiles, han llevado a muchos países e industrias a intentar retrasar lo máximo posible la transición ecológica.
Una práctica que nos ha situado en un momento límite y de inflexión en cuanto a la emergencia climática. Sin embargo, tal y como se recordó durante la última COP28, ahora ya no hay vuelta atrás: o activamos la transición hacia una sociedad ZEO – cero emisiones-, o llegaremos a una situación de no retorno.
Los objetivos son claros y quedaron recogidos hace años en el Acuerdo de París 2015: debemos mantener por debajo de 1,5ºC el calentamiento global de la Tierra con respecto a los niveles industriales.
El difícil equilibrio entre la rentabilidad y las exigencias ambientales
Ahora que la transición ecológica ya no se puede posponer, la comunidad internacional y políticas verdes deben ofrecer soluciones para mantener el difícil equilibrio entre rentabilidad y exigencias medioambientales.
Porque, de cara a los próximos años, la transición ecológica podría ser mucho más rentable que mantener el statu quo. La activación de políticas restrictivas, como el Mercado de Emisiones, y la creciente conciencia climática por parte de los consumidores, harán que las empresas que no apuesten por la sostenibilidad pierdan competitividad en el mercado.
En este sentido, si empiezan a invertir en hacer ZEO sus modelos de producción o sistemas de envío, en unos años podrán verse beneficiadas por estos cambios. En otras palabras, se podría decir que la transición ecológica es rentable, pero a largo plazo.
No obstante, no todas las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo esta inversión que les permitirá activar la transición ecológica.
Los agricultores españoles reclaman una rebaja de las exigencias medioambientales
Un ejemplo de ello se puede ver en las empresas y explotaciones agrícolas del sector primario. A principios de febrero, España vivió una oleada de protestas que empezó en Barcelona y acabó extendiéndose por todo el país. A través de las mismas, se reivindicaba la precaria situación de los agricultores españoles.
Los trabajadores del campo se movilizaron para reclamar cambios en la política agraria y reducir la burocracia, pero también reivindicaron una rebaja de las exigencias medioambientales.
Debido a la precariedad que impera en el sector y la falta de recursos, los agricultores españoles son incapaces de adaptarse al nuevo modelo agrícola que promueve la Comisión Europea. La UE pide a los agricultores que se adapten a las nuevas políticas verdes, pero no les ofrecen ningún tipo de ayuda o subvención económica para hacer frente a los cambios propuestos.
Por este motivo, reclaman una rebaja de las nuevas exigencias medioambientales recogidas en la Política Agrícola Común (PAC) impulsada por la Comisión Europea.
Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) aseguran que “la prioridad es la paralización legislativa ante este ‘tsunami’ de leyes europeas, porque no podemos más, estamos asfixiados”.
Las nuevas normas obligaban al colectivo a reducir el uso de fertilizantes en un 20% y dedicar un mínimo del 4% de tierra cultivable a “actividades no productivas”. Una medida que, según los agricultores, disminuye la rentabilidad de las explotaciones y les resta competitividad en el mercado internacional.
Debido a las múltiples quejas recibidas por diversos colectivos del sector en referencia a esta nueva política verde, la Comisión Europea ha detenido provisionalmente su propuesta para reducir el uso de pesticidas.
Sin embargo, el descontento de los agricultores no solo viene causado por las políticas medioambientales. Entre las múltiples demandas, una de las quejas más habituales es la obligatoriedad de usar un Cuaderno Digital para registrar la actividad agrícola. Se trata de una medida enfocada a mejorar la trazabilidad y calidad de los productos, pero que no tiene en cuenta las dificultades generacionales en cuanto al uso de medios digitales, que presentan muchas personas que trabajan en el campo.
La principal reivindicación por parte de los agricultores es la competencia desleal y la existencia de un mercado “desregulado”. Los supermercados importan productos agrarios de terceros países a bajo precio que, además, no cumplen las normativas internas de la UE.
Todo ello presiona a la baja los precios de los productos agrícolas de la UE y de España, y representa una “contradicción e hipocresía” en la actuación política comunitaria.
Por este motivo, reivindican la paralización de las negociaciones europeas para impulsar acuerdos como el MERCOSUR o la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda. En paralelo, también reclaman al Gobierno español que aumente los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE.
Desde la Plataforma ZEO creemos fervientemente que, si la Comisión Europea lograse solucionar algunos de los problemas relacionados con la burocracia y la competencia desleal, los agricultores mostrarían menos reticencias a la hora de implementar políticas verdes.
El cambio climático también afecta a la rentabilidad agrícola
En paralelo a toda esta problemática, los agricultores también se están viendo afectados directamente por las consecuencias del cambio climático. De hecho, el colectivo ha solicitado al ministro de Agricultura, pesca y Alimentación de España, Luis Planas, que otorgue ayudas y soluciones a largo plazo para combatir la falta de lluvias y las restricciones en cuanto al uso de agua.
En el caso concreto de Catalunya, Comunidad Autónoma que tuvo que declarar la emergencia por sequía hace unas semanas, la Unió de Pagesos reclamó a la Generalitat que pague las ayudas que en 2023 se había comprometido a entregar a los agricultores para combatir la sequía en el sector de los cereales y los herbáceos.
En España más de 740.000 personas dependen del campo
Según el último censo agrario, en 2020 en España existían un total de 914.871 explotaciones agrícolas, un 7,6% menos en el censo del 2009. En contraste, a lo largo de este periodo, la superficie utilizada aumentó un 0,7%, hasta los 23,9 millones de hectáreas. La gran mayoría de las explotaciones son familiares (96,3%). Es decir, las consecuencias del cambio climático están generando importantes pérdidas en pequeñas y medianas empresas.
Tal y como recogen La Vanguardia, es importante tener en cuenta que España es el segundo país de la UE con mayor superficie agraria, sólo por detrás de Francia, y emplea de forma directa a unas 740.000 personas. De hecho, el sector primario aportó en el país 110.100 millones de euros, un 9,2% del PIB.
Precisamente por ello, es importante cuidar a los profesionales que se encargan de copar de frutas, verduras y hortalizas las mesas de los españoles, contribuyendo de este modo al impulso de la dieta mediterránea y plant based.
La financiación verde para activar la transición ecológica
Uno de los puntos de debate durante la pasada COP28 fue la necesidad de ofrecer financiación para aquellos países que están a la cola en sostenibilidad y transición ecológica.
En este sentido, la mayoría de expertos coincidieron en que, para alcanzar los objetivos de 2050, será necesario que el sector privado cubra la mayoría de la inversión verde.
Porque según el último “Informe sobre la Brecha de Adaptación” del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los Estados más vulnerables frente al cambio climático necesitan entre 194.000 y 366.000 millones de dólares más de financiación al año que el resto.
Precisamente por ello, los países ricos deberían multiplicar entre diez y dieciocho veces los fondos para cubrir las necesidades de adaptación de los países pobres.
En 2023 esta organización alertó de que, aunque más de la mitad de los 197 países firmantes de la Convención Marco de la ONU frente al Cambio Climático (CMNUCC) han definido algún mecanismo para impulsar la adaptación, el número de acciones de este tipo financiadas por fondos internacionales está paralizada.
Por ello, el informe recomienda diferentes vías para aumentar la financiación, tanto a través de los presupuestos nacionales, fondos internacionales y sector privado, como mediante remesas o una reforma de la arquitectura financiera internacional, recoge EFE Verde en uno de sus artículos.
En este sentido, del mismo modo que se está planeando la activación de mecanismos internacionales específicos para financiar la transición ecológica de los países en vías de desarrollo, se deberían idear también programas de ayudas específicas para impulsar una transición justa para el sector agrícola.
Para lograr un sector primario más ZEO -cero emisiones-, es fundamental facilitar a los agricultores mejores condiciones y concederles beneficios para que apuesten por el cambio.
Graduada en Periodismo por la UAB con mención en Sociedad y Cultura. Anteriormente publicando para La Vanguardia en ámbitos de RSC, Empresas, Alimentación y Salud. Máster de Comunicación&Marketing Digital en INESDI y Responsable de Comunicación de PlataformaZEO.
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