¿Qué pasaría si tu voluntad de cambiar el mundo o tu afán por promover la conciencia climática te pudieran costar la vida? ¿Seguirías luchando por aquello que crees? ¿Mantendrías tu compromiso por la preservación del medio ambiente y el Planeta?
Un gran número de activistas climáticos terminan haciéndose estas preguntas cuando ven que su vida corre peligro por defender la protección de los bosques, impulsar la activación de nuevas políticas ambientales para promover la eliminación de los combustibles fósiles o por presentar un proyecto de Ley para la prohibición de ciertas prácticas que destruyen los ecosistemas.
La mayoría de ellos viven o llevan a cabo sus protestas en naciones en vías de desarrollo. En un gran número de países de África, América Latina y el Sud Este asiático abogar por la sostenibilidad y la transición ecológica puede resultar peligroso.
Las cifras publicadas por la ONG Global Witness no dejan lugar a dudas: el activismo ambiental es un deporte de riesgo. Cada año esta entidad publica un informe que recoge las cifras de activistas asesinados. Algunos de ellos son divulgadores ambientales, la cara visible de un movimiento ecologista, mientras que otros son simplemente manifestantes o abogados, políticos e ideólogos ambientalistas que crean, impulsan y organizan acciones de protesta a favor del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Según Global Witness, un total de 227 defensores de la naturaleza fueron asesinados en 2020 por intentar proteger los ecosistemas y la biodiversidad de la Tierra, la cifra más alta de la historia, si comparamos los datos con otros informes.
A lo largo de la última década, más de 1.700 activistas ambientales han sido asesinados por denunciar a los gobiernos, empresas y los lobbies que más contribuyen al cambio climático. Brasil, Colombia, Filipinas, México y Honduras encabezan la ‘lista negra’ de países en los que resulta más peligroso practicar el activismo climático.
La selva amazónica ha sido el punto más conflictivo del planeta, con 342 activistas asesinados en Brasil y 322 en Colombia en los últimos 10 años. Se registraron 154 muertos en México y 117 en Honduras. Filipinas encabeza la trágica lista en el sureste asiático, con 270 muertos.
El 80% de los asesinatos de activistas climáticos sucedidos en 2021 tuvieron lugar en Latinoamérica
Según el último informe de Global Witness, el 80% de estos asesinatos tienen lugar en Latinoamérica. Los últimos datos publicados por la organización, revelan que en 2021 se registraron 200 muertes de esta índole, de las cuales 157 sucedieron en países latinoamericanos.
México es el país más peligroso para practicar el activismo climático, con un total de 54 víctimas confirmadas el año pasado, es decir, una cuarta parte del total de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial.
En Colombia, 33 personas perdieron la vida por defender un uso responsable de la Tierra o los recursos naturales, mientras que, en Brasil, la lucha contra la desforestación del Amazonas y otras zonas protegidas supusieron la muerte de 26 personas.
Si espaciamos estos asesinatos en el tiempo, podríamos decir que la defensa de los bosques, los ríos y los ecosistemas se cobra una vida cada dos días en las zonas más vulnerables del planeta.
¿Cuál es el origen de Global Witness y estos reveladores informes?
Los primeros informes sobre asesinatos de personas defensoras del medio ambiente empezaron a publicarse en 2012, después de que el activista camboyano Chut Wutty fuese asesinado por su labor de investigación sobre la tala ilegal en espacios protegidos.
Gracias a los informes de esta entidad, que trabaja para hacer frente a los abusos de poder para proteger los derechos humanos, el medio ambiente y asegurar el futuro de nuestro planeta, hoy la sociedad conoce un problema que llevaba tiempo silenciado: hay gente que está dando su vida para ser ZEO y proteger la Tierra y la supervivencia de las futuras generaciones.
Una reflexión que nos lleva a pensar también en la cara B de esta afirmación: hay gente (empresas y organizaciones) explotando y destruyendo el Planeta para su propio beneficio, y asesinando a aquellos que denuncian sus acciones.
Desde 1993 Global Witness trabaja para dar a conocer y denunciar la explotación de los recursos naturales, los conflictos armados, la pobreza, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.
Esta organización sin afiliación política ha luchado en causas como el tráfico de diamantes de sangre en Angola, Sierra Leona y la República Democrática del Congo; También ha trabajado para reducir la desigualdad social, la pobreza y los conflictos generados en algunos países del África Subsahariana (ASS), como Sierra Leona, que disponen de recursos petrolíferos y minerales de gran interés económico.
De hecho, la primera campaña de Global Witness consistió en abrir un proceso legal para poner fin al comercio de madera ilegal entre Camboya y Tailandia. Una actividad comercial que fue financiada por la guerrilla de los Jemeres Rojos, el nombre que se atribuía popularmente a los miembros del partido comunista de Kampuchea – nombre oficial de Camboya durante la dictadura de Pol Pot-.
Los informes, documentos e investigaciones de Global Witness a lo largo de los años han demostrado que ser activista ambiental en ciertos países es peligroso. Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años y no ha dejado de intensificarse, pese a que “aparentemente” cada vez estamos más cerca de conseguir una protección estandarizada y global de los derechos humanos.
Este 2021, cientos de activistas ambientales han perdido la vida por proteger nuestro Planeta y promover la conciencia climática.
Los asesinatos de Bruno Araujo y Dom Phillips removieron la conciencia climática de toda Latinoamérica
Uno de los casos que han tenido más repercusión mediática en los últimos años fueron los asesinatos de Bruno Araújo Pereira y Dom Phillips. Bruno era un indigenista que llevaba toda su vida protegiendo los derechos de las tribus de la Amazonia de la minería ilegal, la tala indiscriminada y la caza y la pesca furtivas.
Por su parte, Dom era un periodista ambiental británico que denunciaba la explotación y la destrucción de los ecosistemas, que se había mudado a Brasil para poder terminar su último libro: Cómo salvar la Amazonia.
Según fuentes oficiales, ambos fueron disparados y asesinados en junio de 2022 por una mafia vinculada a la pesca furtiva en Javarí, un valle situado en medio de Brasil y Perú. Tras su desaparición, las autoridades policiales estuvieron buscándolos por esa zona hasta que los dos principales sospechosos del crimen, los pescadores furtivos y hermanos Amarildo y Oseney da Costa de Oliveira, confesaron el asesinato e indicaron donde se encontraban sus cuerpos.
Las muertes de Bruno Araújo Pereira y Dom Phillips provocaron protestas a lo largo de todo el país y dieron pie a que las acciones cada vez más agresivas contra los activistas ambientales y las poblaciones indígenas, se añadieran a la escaleta de los programas informativos de toda Latinoamérica.
Pero no toda la violencia contra los activistas climáticos tiene lugar en el Nuevo Continente. En 2021 la activista Joannah Stutchbury, de 67 años, fue asesinada a quemarropa frente su casa por su campaña contra los proyectos de urbanización del bosque de Kiambu. Pese a haber recibido múltiples amenazas de muerte, esta defensora de la tierra y de los derechos medioambientales llevaba años trabajando incansablemente para proteger y conservar los recursos naturales de Kenia.
Cuatro años antes, el conservacionista norteamericano Esmond Bradley, reconocido por sus investigaciones sobre el marfil de los elefantes y los cuernos de los rinocerontes, también fue asesinado en su casa ubicada en la capital de Kenia, Nairobi.
Todos estos activistas medioambientales merecen ser recordados; Así como su trabajo de investigación y su labor de denuncia debe ser perpetuada. Gracias a la labor de organizaciones como Global Witness, hoy sabemos el riesgo que supone para muchas personas defender la protección de los hábitats, espacios protegidos y ecosistemas naturales. Ser ZEO puede costarte la vida.
Sin embargo, es necesaria más implicación y recursos para perseguir y poner fin a las mafias, lobbies y organizaciones ilegales que llevan a cabo estos asesinatos con el último objetivo de enriquecerse. Sin tener en cuenta que este Planeta es de todos y que sus recursos, no son infinitos.
Graduada en Periodismo por la UAB con mención en Sociedad y Cultura. Anteriormente publicando para La Vanguardia en ámbitos de RSC, Empresas, Alimentación y Salud. Máster de Comunicación&Marketing Digital en INESDI y Responsable de Comunicación de PlataformaZEO.