El 18 de julio los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación junto con el de Energía, Turismo y Agenda Digital, abrieron el proceso de consulta pública para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
¿Qué significa esto?
Pues que todas las personas que quieran podrán aportar sus ideas, antes del 10 de octubre, en el futuro anteproyecto de ley en la web del Ministerio.
Las personas que quieran participar en esta consulta pública sólo deben descargarse el formulario que aparece en la web y contestar a las 24 preguntas que aparecen. Éste está compuesto por 6 bloques:
1. Cuestiones generales como: ¿Cuál debería ser el proyecto de ley?
2. En relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero: ¿Cuál debería ser el horizonte temporal para establecer los objetivos respecto la reducción de gases invernadero?
3. Preguntas relativas a la adaptación: ¿cuáles deben ser los elementos esenciales en materia de adaptación que se han de incorporar a la futura ley?
4. Cuestiones respecto al impacto social, económico y medioambiental.
5. Consultas de índole transversal.
6. El último bloque pregunta claramente cuáles serían las alternativas regulatorias y no regulatorias
En conclusión, el objetivo de este formulario según ambos Ministerios es: «elaborar un instrumento que marque el el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos».
Una vez hayan quedado claras las respuestas, hay que mirar hacia la creación de la ley. ¿Cuáles son los objetivos de la futura ley de cambio climático? Pues, en primer lugar, se quieren respetar las decisiones impuestas por Europa en cuanto a sostenibilidad. O sea, llevar a cabo los fines del Acuerdo de París. Asimismo y como se cita en la nota de prensa enviada por el Gobierno:
«se necesita definir un plan, a medio y largo plazo, para garantizar una transición ordenada de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y que, sobre todo, adapte a los retos del clima».
«El objetivo es que la elaboración de esta ley cuente con la máxima participación de todos los agentes y sectores de la sociedad, debido a su trascendencia para nuestro actual modelo de producción y consumo»
asegura el Gobierno
Crecimiento económico, de puestos de trabajo y de bienestar social
Por tanto, esta ley pretende cambiar el modelo que nosotros conocemos, costoso y contaminante, por uno eficiente y eficaz y que sea respetuoso con el medio ambiente. Además, busca facilitar la vida a los ciudadanos, que nadie sufra a causa de este cambio. También, dejan claro que otro objetivo es formar un modelo que beneficie económicamente a la ciudadanía que se pueda generar un crecimiento económico en el país, junto con un crecimiento de puestos de trabajo.
¿Qué iniciativas ha llevado a cabo el Gobierno?
Por una parte, los Ministerios mencionados realizaron unas jornadas de debate donde se reunieron más de 400 expertos para abordar diversas propuestas en cuanto al cambio climático. «Energía e industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono», con este lema se concentraron a finales de mayo un montón de personalidades políticas, de administraciones públicas, de empresas, asociaciones sectoriales, ONG, sindicatos y los sectores financiero y jurídico. Cada subgrupo presentó su lista de propuestas gracias a la cual los Ministerios pudieron empezar a trabajar.
Personalidades de la sociedad civil
Este grupo estaba representado por grupos ecologistas como Ecologistas en Acción, WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, entre otros. Y, también, sindicatos como UGT, USO o CC.OO. Estos recomiendan:
España debe ajustarse al Acuerdo de París, entre los años 2030 y 2050.
Crear una hoja de ruta 100% renovable con el cierre de las centrales nucleares y las térmicas de carbón.
Favorecer fiscalmente a las actividades no contaminantes.
Reactivar el plan de Fomento sobre las energías renovables.
Aumentar el precio del CO2 para que sea más elevado que los costes de transición energética.
Una ley que promocione el autoconsumo.
Una participación más activa por parte de los agentes sociales.
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Ámbito financiero y jurídico
Esta mesa estaba formada por representantes del Instituto Internacional de Medio Ambiente, ICO, Ceca Bank, Grupo Santander, Banco de España, BBVA, etc. ¿Qué aprobaron ellos?
En primer lugar y más importante, quieren que haya un compromiso político que garantice la seguridad jurídica.
Un órgano de apoyo independiente que siga el trabajo del Gobierno.
Mecanismos de precios que aseguren la internacionalización de éstos.
Reformas fiscales en los planes estatales, autonómicos y locales.
Eliminar las ayudas del Estado respecto a los combustibles fósiles.
Personalidades del sector académico y de investigación
Esta agrupación estaba constituida por CIEMAT, el Club de Excelencia en Sostenibilidad, BC3, la Fundación Alternativas, entre otros ¿Qué desean?
Elaborar una estrategia integral para la ley.
Cálculo exhaustivo de los costes de la transición energética.
Evaluación de obligaciones para conseguir los objetivos del cambio climático.
Seguimiento por parte de expertos independientes.
Sector privado
Hay que acentuar que éste fue el grupo más extenso, estuvo formado por numerosos empresarios de CEOE, Endesa, Gas Natural Fenosa, Acciona y, también, gente de la Cámara de Comercio de España y el Grupo Español de Crecimiento Verde. Entre las principales ideas encontramos:
Garantizar una capacidad económica para abordar el tema de la política energética.
Reducir los gases invernadero.
Recibir apoyo por parte de las administraciones públicas.
Mantener el principio de «quien contamina paga»
Entes políticos
Con respecto a la política hubo representación de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Llamó la atención que fue el grupo más consensuado ¿Qué decidieron?
Llegar a un horizonte 100% renovable.
Descarbonización del sistema y del modelo económico.
Impulsar las energías renovables para rebajar la dependencia energética.
Fiscalidad ambiental más ambiciosa.
Ayuntamientos y Diputaciones
Por último, por lo que hace el grupo de Ayuntamiento y Diputaciones, se encontraron portavoces de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de las Islas Baleares, de la Generalitat de Cataluña y del País Vasco. Qué acordaron?
Implantar un objetivo claro respeto la reducción de gases contaminantes.
Creación de un fondo de financiación
Deslocalizar la producción de energía con biogás, microgeneración, etc.
Finalmente, además de estos casi 400 expertos, el Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la creación de un Consejo de Expertos para elaborar un informe sobre diferentes temas referentes a la transición energética. Esta aprobación se llevó a cabo el pasado 14 de julio y tiene como objetivo claro crear una transición energética, sostenible y baja en carbono. Sobre todo, apoyarse en las energías renovables.
«El objetivo es impulsar la competitividad de la economía, el crecimiento económico, la creación de puestos de trabajo y la sostenibilidad medioambiental», afirma el ministro Portavoz, Íñigo Méndez de Vigo
En definitiva, el grupo de expertos estará establecido por 14 personas (cuatro designadas por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por los agentes sociales UGT, CCOO y CEOE) y tendrá seis meses para entregar el informe.
Desde ZEO apoyamos esta propuesta y deseamos que todos los entes de la sociedad den un paso adelante y defiendan esta lucha.
Si quieres saber más sobre las políticas climáticas europeas y estatales, puedes leer nuestro ARTÍCULO.
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